A pesar de que la Constitución Boliviana sanciona todo tipo de discriminación, incluyendo, las fundadas en razón de identidad de género, embarazo y preferencia sexual; los prejuicios siguen latentes y provocan que el debate sobre identidad de género y legalización del aborto, mantenga un rezago de casi cinco décadas.
En Bolivia, en el año 2016, la Plataforma por la Vida y la Familia, una organización conservadora, respondió con una “Marcha por la familia natural”, con el apoyo de grupos evangélicos y Conferencia Episcopal Boliviana contra la Ley de Identidad de Género porque consideraban que esta ley “no ha merecido debate público”. Exigieron que sea abrogada y consiguieron que las personas transexuales no tengan derecho a casarse o adoptar niños.
En el año 2018 hubo un paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, convocado por grupos “provida”. Con el paro consiguieron que el nuevo Código Penal aprobado, sea abolido en su totalidad. Estos grupos conservadores tienen como portavoz a la Plataforma por la Vida y la Familia y sostienen con engaños que hay un adoctrinamiento con la ideología de género y que “las pros muertes no solo quieren que haya impunidad sobre esos tres casos, no solo quieren que sea legal, sino que sea obligatorio, promoviendo e insistiendo que si hay una de esas causales es obligatorio para las mujeres”. E incluso relacionan a la “ideología de género” con el delito de pedofilia. Estos grupos se jactan de ser apolíticos, sin embargo, sostienen alianzas estratégicas para incidir en las decisiones de partidos políticos y del gobierno.
En un país tan religioso como Bolivia, los grupos conservadores se aprovechan de la fe para difamar y reforzar los prejuicios al punto de contradecir la constitución. En este artículo puedes conocer cómo la intolerancia mantiene en la desigualdad a Bolivia.