La mayoría de estrategias utilizadas por grupos conservadores para oponerse a las demandas feministas y LGBTIQ+, se llevan a cabo en ámbitos políticos. En el caso de Perú, los grupos anti derechos quieren implementar su agenda en el sistema judicial. Es así que en el año 2004 la ONG Acción de Lucha Anticorrupción sin Componenda (ALA) interpuso una demanda contra el Ministerio de Salud por la distribución a gratuita de la píldora del día siguiente, argumentando que la píldora era abortiva y que su distribución generaría un “evidente peligro de asesinato masivo”. El Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio de Salud la distribución gratuita de esta píldora.
Otro caso en el que grupos conservadores utilizaron el sistema judicial para retrasar o detener los derechos relacionados al aborto legal, se evidenció en la demanda de ALA para que el Ministerio de Salud no difundiera la Guía para la implementación del aborto terapéutico. El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924 y no es punible si hay el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal “cuando (el aborto terapéutico) es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.” Entre los argumentos de esta demanda están de nuevo, que la Guía generaría un “asesinato masivo y que hay un afán de lucro detrás de la guía.
En el artículo Ley nada divina: la utilización del sistema de justicia como herramienta de los grupos antiderechos en Perú de Ana María Vidal Carrasco, podemos profundizar en estas estrategias y conocer más demandas contra los avances en materia de derechos (Y cómo Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir para que se aplique un Currículum Nacional de Educación Básica elaborado por Ministerio de Educación que era inclusivo). Dale clic acá.